Por Omar Santana
“Carolina” quiere ser profesora. Siempre le ha gustado enseñar a sus hermanos pequeños a escribir su nombre y contar hasta cien. Sueña con terminar el bachillerato, graduarse en la universidad y regresar a su comunidad en Dajabón para abrir una escuelita. Pero sus sueños no caben en una realidad marcada por la pobreza, la indiferencia y una sociedad que aún normaliza que hombres adultos vean a niñas como ella, de apenas 15 años, como mujeres listas para parir.
Hace dos meses, la vida de Carolina cambió. Ya no va a clases porque su uniforme no le queda y las náuseas no le permiten caminar hasta la escuela. Tiene cinco meses de embarazo y su bebé será hijo de un hombre de 26 años que trabajaba en una finca cercana. Lo conoció cuando él ayudaba a su madre. Le prometió amor, un futuro, un escape de la pobreza que nunca llegó.
La historia de Carolina no es única. En República Dominicana, más de 13,110 adolescentes han quedado embarazadas hasta el tercer trimestre de 2024, según cifras oficiales. Entre ellas, un 28% son haitianas que, como Carolina, viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en las regiones fronterizas. Esto no es solo un problema de adolescentes dominicanas; es un flagelo que atraviesa fronteras y revela el abandono de las poblaciones más pobres del país.
Son adultos contra niñas
La edad promedio de los hombres que embarazan adolescentes es 25.13 años. La cifra no deja lugar a dudas: hay una brecha de poder entre hombres adultos y niñas que apenas inician su adolescencia. Carolina, a sus 15 años, no tiene las mismas herramientas emocionales y económicas que un hombre de más de 25. Lo que algunos llaman “relaciones consentidas” son, en realidad, relaciones de explotación donde el consentimiento queda anulado por el miedo, la ignorancia y la desigualdad social.
En la legislación penal se prevé cárcel al adulto que tenga una relación sexual con una menor de 18 años. De igual forma, prohíbe a un menor que seduzca a una joven menor. En ambos casos no deja de existir el delito de seducción aun la menor otorgue su consentimiento o su voluntad.
Si bien las leyes dominicanas condenan los abusos sexuales contra menores con penas severas, la realidad muestra una brecha entre la ley y su aplicación.
En muchos casos de embarazos en adolescentes, los responsables no son perseguidos, y las relaciones desiguales se normalizan socialmente. Este vacío en la justicia permite que los abusos continúen y deja a las víctimas en una situación de desprotección.
La Ley 24-97 y el Código Penal dominicano sancionan los abusos sexuales contra menores. Sin embargo, los datos sugieren que los agresores rara vez enfrentan los cargos debidamente:
Artículo 331 del Código Penal: Las violaciones contra menores deben castigarse con hasta 20 años de prisión y multas significativas.
La falta de denuncias, por miedo o desconocimiento, genera impunidad.
La justicia debe actuar como un aliado real de estas menores. Un llamado claro a la aplicación efectiva de las leyes puede cerrar con fuerza el reportaje:
“Las leyes están ahí, esperando ser usadas. Cada niña embarazada es una víctima del sistema que prometió protegerla.”
¿Por qué el Ministerio Público aun no persigue estos casos como lo que son: un crimen? En un país donde el embarazo adolescente es visto como un asunto “cultural” o “privado”, el sistema legal y social ha fallado en proteger a las menores. Estas niñas no solo pierden su infancia y sus sueños; pierden también su derecho a decidir sobre sus cuerpos y su futuro.
La historia de Carolina y de tantas otras niñas refleja la urgencia de que estas leyes se apliquen de manera rigurosa, garantizando no solo castigos ejemplares para los agresores, sino también protección y justicia para las menores afectadas. La legislación está clara: el abuso sexual contra niñas y adolescentes es un crimen. La sociedad y el sistema judicial deben actuar en consecuencia.
El 28% de madres adolescentes son haitianas: la doble vulnerabilidad
En las comunidades de la frontera, como Dajabón y Monte Cristi, la presencia de madres adolescentes haitianas es alarmante. De los 11,899 embarazos adolescentes registrados hasta el tercer trimestre de este año, 3,315 corresponden a niñas haitianas. Estas menores enfrentan barreras adicionales: la falta de documentación, la discriminación y la imposibilidad de acceder a servicios básicos como la educación y la salud.
Monte Cristi encabeza la lista con un 22.83% de embarazos adolescentes, seguida por provincias fronterizas como Dajabón (20.38%) y otras del Sur, como Pedernales (20.35%). En estas zonas empobrecidas, la pobreza extrema y la falta de oportunidades convierten a las niñas en presas fáciles de hombres mayores que abusan de su situación.
El embarazo en adolescentes sigue siendo un desafío para República Dominicana, aunque las estadísticas del tercer trimestre de 2024 muestran una disminución con respecto al año anterior. Según datos preliminares, hasta septiembre de 2024 se registraron 4,745 embarazos en adolescentes, una reducción del 16.74% en comparación con los 5,699 reportados en el mismo período de 2023.
