Demandan Transparencia en Nuevo Juicio que se Sigue al Inversionista Extranjero por Supuesto Intento de Homicidio a su Ex Empleado Fernando Báez Guerrero
Santo Domingo, República Dominicana.- Un grupo de organizaciones se congregó frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia para reclamar a la procuradora Miriam Germán que, antes de concluir su gestión, cumpla la sentencia TC-0367-21 del Tribunal Constitucional, que ordena devolver los bienes al empresario canadiense Antonio Carbone, valorados en más de 580 millones de dólares.
Representantes de derechos humanos, juntas vecinales, organizaciones religiosas y la Fundación Denis se manifestaron simultáneamente frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras se efectuaba la audiencia del nuevo juicio de Carbone, solicitando el fin de la prolongada batalla judicial del inversionista.
Lovery Natera, vocera de los grupos participantes, advirtió que la procuradora Miriam Germán arriesga su reputación profesional si no acata la ordenanza del Tribunal Constitucional (TC).
La activista señaló que la trama orquestada contra Carbone por políticos, empresarios y legisladores envía una señal desalentadora para la inversión extranjera, pudiendo disuadir a futuros inversionistas de participar en el mercado dominicano.
Natera destacó la evidente maniobra de Fernando Báez Guerrero, quien pasó de ser empleado a propietario de los bienes del inversionista. “Esta acusación es fabricada, como lo demuestra la anulación de la sentencia de 20 años contra Antonio Carbone”, enfatizó.
El nuevo juicio, inicialmente programado para el pasado martes, fue aplazado después de que la defensa de Báez Guerrero desistiera de representarlo dos días antes de la audiencia. Los nuevos abogados solicitaron un aplazamiento para estudiar el expediente del supuesto intento de homicidio.
Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reprogramaron la audiencia para el 23 de enero de 2025.
Natera denunció sistemáticas violaciones a los derechos de Carbone, irregularidades ya reconocidas por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Subrayó que el inversionista fue sentenciado por un tribunal cuyos miembros carecen de acreditación judicial.
Las manifestaciones, realizadas pacíficamente tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Palacio de Justicia, fueron estrictamente supervisadas por agentes policiales.
Como antecedente, los bienes de Antonio Carbone incluyen 13 casinos, 198 bancas deportivas, 1,397 bancas de loterías, El Gordo Iberoamericano Lotería Nacional, 108 vehículos y diversos inmuebles.
